El primer país de América Latina en prohibir la importación de productos hechos con trabajo forzoso fue México, en 2023. En 2026 le siguieron en cadena El Salvador, que reformó en marzo su ley aduanera; Guatemala, con un acuerdo ministerial; Colombia, con el Decreto 1444 de septiembre, y Costa Rica, cuyo decreto del 28 de septiembre crea una lista oficial de bienes vetados. Argentina aún no tiene una ley, pero se comprometió por escrito.
Esas medidas parecen loables a primera vista. Sin embargo, advierten expertos consultados por DW, esto tiene poco que ver con un repentino interés por los derechos humanos y laborales, y mucho con la presión comercial que ejerceEstados Unidos, cuyo gobierno está enfrascado en una guerra comercial con China.
La secuencia de los hechos así lo revela: en marzo, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. abrió investigaciones contra las economías de 60 países por sospecha de que incurren en prácticas comerciales injustas,importando bienes producidos con trabajo forzado.
El 23 de julio, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó recargos del 10 o 12,5 por ciento en aranceles para quienes, a su juicio, no prohíben o no aplican con eficacia ese veto. Colombia y Costa Rica tendrán tasas del 12,5 por ciento.
Costa Rica publicó su decreto dos meses después, y el nuevo Gobierno colombiano también le está dando prioridad a este tema, con la esperanza de conseguir un levantamiento.
"México tampoco lo hizo motu proprio, sino por el tratado de libre comercio (T-MEC) con Estados Unidos", dice a DW Aristeo López, abogado y director sénior de Clark Hill Public Strategies.
Por su parte, Ricardo Rezende, profesor de la Universidad de Río de Janeiro y experto en derechos humanos, va más lejos: "Considero que, en realidad, Estados Unidos no está preocupado con la violación de los derechos humanos. Es un pretexto usado por Trump para aumentar las tasas de importación de muchos países, también aliados".
A juicio de analistas, Trump pone como pretexto el veto al trabajo forzoso para afectar a China.Carlos Barria/REUTERS
"Su arma es comercial, quiere combatir a China por su competencia desleal", afirma López sobre la decisión de Trump. Rezende coincide: "En realidad, China está quebrando parte del parque industrial de muchos países".
El modelo es la Ley estadounidense contra el Trabajo Forzoso de la etnia uigur (UFLPA, en inglés), vigente desde 2022, que considera trabajo forzoso en todo lo producido en la región china de Xinjiang. Pekín lo niega y rechaza los aranceles unilaterales de EE. UU.
El Instituto Peterson de Economía Internacional explica por qué Washington ahora quiere universalizar el veto: estas prohibiciones sufren "fugas". Los bienes bloqueados en un mercado se desvían a otros, la producción sigue igual y las empresas que cumplen quedan en desventaja frente a las que no lo hacen. Si todos los grandes importadores adoptaran un veto equivalente, la fuga se cerraría.
En México, la prohibición rige desde mayo de 2023. Sin embargo, la implementación resulta deficiente. Un informe del Departamento de Estado, difundido hace poco, afirma que ese país no ha retenido ninguna mercancía por esta causa. Tampoco hay constancia de que se haya publicado la lista de bienes vetados que prevé la norma.
No fue sino hasta agosto de 2023 que Empower, una organización con sede en México que investiga cadenas de suministro y vínculos corporativos, pidió a la Secretaría del Trabajo de México investigar cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial de las firmas chinas Dahua y Hikvision, que compró en 2022 el gobierno de Ciudad Juárez y que, según Empower, usan insumos de Xinjiang.
La Secretaría mexicana del Trabajo desechó la solicitud en noviembre de 2023 por falta de pruebas "exhaustivas", pero señaló que está investigando, por su parte, el sector metalúrgico y prepara un proyecto piloto en textil, vestido, calzado, aluminio y paneles solares.
López, especialista en derecho comercial, sigue escéptico: "Se necesita presupuesto, personal y un plan de implementación, y México no tiene la experiencia de Estados Unidos en ese tema."
A ello se suma un reto técnico: el trabajo forzoso no se refleja directamente en el producto. Un panel solar puede ensamblarse en el sudeste asiático con polisilicio de Xinjiang, y las aduanas rara vez pueden rastrear esa cadena, explica. Además, China es el primer o segundo socio comercial de casi toda la región, lo que expone a los gobiernos a represalias.
Así las cosas, se hace evidente esta contradicción: muchos países de América Latina ni siquiera logran sancionar el trabajo forzoso e infantil en sus propios territorios. El mismo informe del Departamento de Estado alerta sobre jornaleros explotados en México por reclutadores agrícolas sin vigilancia.
La organización Walk Free advierte que, sin aplicación efectiva, estas prohibiciones son "promesas de papel".
Brasil es la excepción en el frente interno, aunque hasta ahora se ha negado a legislar sobre el tema en su comercio exterior. Sus grupos móviles de fiscalización operan desde 1995. El artículo 149 del Código Penal tipifica la esclavitud moderna, y la "Lista Sucia" de explotadores existe desde 2003 y prohíbe al Estado contratar estas empresas o concederles préstamos de bancos públicos.
El Gobierno de Brasil sostiene que no necesita una nueva ley, ya que las aduanas pueden negar la entrada y confiscar mercancía contraria a la moral pública, las buenas costumbres, la salud o el orden público, y que eso incluye toda producción a través de trabajo forzoso.
Para Ricardo Rezende, profesor de la Universidad de Río de Janeiro, la legislación en Brasil es más avanzada en cuanto a trabajo forzoso.picture alliance/imageBROKER
Para Rezende, "la legislación brasileña en ese sentido es mucho más avanzada que la estadounidense". Según el teólogo, quien investigó sobre el trabajo esclavo en una hacienda propiedad de VW do Brasil entre 1974 y 1986, durante la dictadura militar, enfatiza que "una buena parte del trabajo ejecutado en Estados Unidos, especialmente por migrantes, sería considerado en Brasil trabajo esclavo".
Según el Global Slavery Index, que la fundación Walk Free presentó al G20 en 2023, el mayor riesgo de importar productos que incorporan trabajo forzoso no lo tienen los países de América Latina, sino EE. UU., con 169 mil millones de dólares de productos riesgosos, seguido por Japón, Alemania, Reino Unido e India. Brasil importa 5.600 millones de dólares, unas 30 veces menos que EE. UU. Los sectores de mayor riesgo son el de la tecnología, el textil y el de agronegocios: paneles solares y electrónicos de China, ropa y vestimenta de Asia y Sudamérica, y aceite de palma de Indonesia y Malasia.
López considera que se está llevando a cabo "reajuste global de cadenas productivas" y lo califica de loable: "Si el debate va a ser si seguimos comprando productos baratos o acabamos con un problema de derechos humanos, vale la pena hacer el esfuerzo". Recuerda que erradicar el trabajo forzoso es una obligación derivada de convenios de la ONU.
El académico Rezende apoya el objetivo, pero plantea: "No estoy seguro de que esto pueda ayudar a crear cadenas de producción más limpias y sostenibles".
El investigador subraya que los estándares sobre qué se considera trabajo forzoso difieren mucho entre China, EE. UU. y Brasil. Y concluye: "Sería óptimo que fuera un punto de quiebre para mejorar las cadenas de producción, pero lo dudo, porque a Trump no le interesa".
(cp)
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